martes, 26 de agosto de 2008

Crisis de seguridad y crisis de legitimidad

¡Qué coincidencias! ¿No llevaba el país largos años sumidos en una creciente inseguridad muy difícil de controlar? ¿Por qué el asesinato del joven Martí causó tanto revuelo? ¿Será acaso el poder político del padre? Bueno yo estaría especulando si afirmara lo anterior, pero por lo menos es fácil firmar que una verdadera preocupación por coordinarse se les debió haber ocurrido hace tiempo y ahora esta «cumbre» tan inusual como sedienta de atención intenta tomar el primer lugar frente al auditorio.

Este nuevo bombardeo mediático trata de convencer al auditorio de que el gobierno va a terminar con el crimen organizado mágicamente a partir de una reunión y una mayor coordinación. Ante esto habría que decir que las acciones propuestas como la cadena perpetua, la pena de muerte o la coordinación federal-estatal sólo atacan los síntomas del problema. Cualquier tipo de problema se resuelve atacando las causas del mismo, no los síntomas.

Haciendo una analogía, la fiebre en el cuerpo humano no se cura sólo con compresas frías en el cuerpo y baños en agua templada, esto no serviría si se sabe que la fiebre es síntoma de otro problema como una gripe fuerte o una infección. Para hacer efectiva la desaparición de la fiebre habría que hacer un diagnóstico profundo y revisar cual ha sido la causa de los síntomas.

Bueno, en el caso de la seguridad digamos que los síntomas son los asesinatos, las bandas delictivas, la violencia, los secuestros, los robos de autos, los asaltos, etc. Asimismo, para terminar el símil, las causas de estos síntomas son muy diferentes: desigualdad, pobreza, injusticia, corrupción, deserción de la policía y el ejército por bajos sueldos y malas condiciones laborales, etc.

Si las causas por las cuales un ciudadano se inicia en la delincuencia no desaparecen, las  penas propuestas recientemente sólo actuarían como un riesgo más que deberá correr la delincuencia organizada al entrar en acción. Para debatir sobre el tema de seguridad hay muchas ONG´s que se han dedicado activamente a la revisión de los procedimientos ideales de la policía, monitores ciudadanos de control de la policía, etc. Estas organizaciones no jugaron un papel central, en cambio, los gobernadores como Mario Marín o Ulises Ruiz, junto con Felipe de Jesús Calderón y Mouriño estuvieron en todos los canales, periódicos, revistas, radio y medios electrónicos, y en relación a eso quisiera ahondar.

¿Que pasará en los próximos cien días de este pacto de seguridad? Las diferentes autoridades han prometido usar todo el rigor de la ley contra la delincuencia. Casualmente durante este tiempo se definirá el futuro de la industria petrolera nacional y como sabemos habrá una fuerte oposición a la iniciativa oficial del PRIAN. 

Gobernadores de mas de dos terceras partes de los estados, además del ejecutivo federal, están en poder de estos dos partidos tradicionales (PRI y PAN) que han tomado las decisiones políticas los últimos ochenta años. Si la oposición no está de acuerdo con las iniciativas petroleras de estos partidos, ¿acaso la ley será utilizada con todo su peso como pasó en el caso del líder de la organización política Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco (parte de La Otra Campaña iniciada por el EZLN)?

Simultáneo a la cumbre, Ignacio del Valle recibía una sentencia a más de 40 años de prisión sin derecho a fianza, bajo los cargos de secuestro, sedición, organización delictuosa, etc. Hay que decir que no hay pruebas que sustenten estas acusaciones y que si bien hubo una batalla campal contra la policía, la policía utilizó medios ilegales en la misma. Entonces, ¿por qué los policías implicados no recibieron penas similares? ¿por qué los abusos, incluso sexuales (y documentados), que recibieron los y las inconformes de Atenco no fueron castigados con cárcel severa para los policías? Y lo que es más preocupante aún, ¿Por qué nadie en la cumbre del jueves pasado mencionó este problema potencial? 

Yo creo que no es que se haya olvidado, sino que se ignoró abiertamente. Este octubre se cumplen cuarenta años de la represión de una generación completa de jóvenes que se inmortalizó en Tlatelolco, pero que implicó muchos más enfrentamientos. De ese genocidio generacional que duró años, no hay castigados, mientras que en otros países latinoamericanos donde sucedieron choques entre jóvenes y autoridades, hoy los dictadores y los ex-policías han sido -por lo menos- juzgados (recordemos que en México un juez declaró proscrito cualquier delito del que se le quisiera acusar a Echeverría en relación a los sucesos del dos de octubre). 

El mayor peligro que enfrentamos en los próximos días es el que mencionaba Jaime Avilés en su Desfiladero del sábado pasado. Esto es que sacando a la policía y al ejército del cuartel, con el pretexto de controlar la delincuencia, el gobierno podría matar dos pájaros de un tiro: la protesta contra la privatización de la industria petrolera y la mala opinión que la gente tiene de la impotencia gubernamental frente a la delincuencia. En estos próximos 100 días se define el futuro de la industria petrolera, sin ninguna garantía ofrecida en la cumbre del jueves pasado hacia los dirigentes o militantes de oposición. El ejército, la policía, el descontento y las marchas en las calles, todos juntos de nuevo, vaya forma de recordar el sesentayocho.

En fin, los factores que definirán el futuro en cuanto al uso de la fuerza pública y el sector energético son dos procesos básicamente: 1) La posible aplicación del Plan Mérida (por el gobierno de Felipe de Jesús Cálderón y la saliente administración Bush-Cheney) y el plan de seguridad pactado el pasado jueves y 2) el dictamen, la discusión y promulgación de una posible ley petrolera o energética en ambas Cámaras del Congreso. 

lunes, 25 de agosto de 2008

Don Beltrone al bat… strike dos.

Publicado en:

http://www.escrutinio.com.mx/page11.php


Retomando el tema petrolero, quisiera poner atención en la iniciativa que a nombre del PRI, presentó el senador Beltrones. La propuesta surge durante la dispareja guerra mediática de adjetivos (más que de argumentos) que enfrentó, en un principio, al FAP (PRD, PT y Convergencia) y al grupo en el poder incluyendo al PAN, sus gobiernos y legisladores. Desigual la batalla, porque la mayoría de los medios principales (radiodifusoras, prensa y televisión) tomaron una postura oficialista, elogiando las iniciativas panistas de forma parcial y minimizando el debate pactado en el Congreso y la consulta ciudadana.

En medio de esta lucha el PRI se asume como el “razonable punto medio” de la política partidista, tratando de ser el actor determinante. Si bien, esta estrategia la han usado desde que perdieron la mayoría legislativa y la presidencia, ahora se hace un énfasis especial para recuperar la credibilidad perdida, redirigiendo al partido en un camino pretendidamente “socialdemócrata”. Arrepentido y auto-redimido, el nuevo PRI sospechosamente purificado, asegura que su iniciativa es menos privatizadora que la del PRD, a pesar de proponer el mismo esquema de contratos de la iniciativa gubernamental. Es decir, dos gatas revolcadas. Una: el PRI que se renovó por decreto; y la segunda: la iniciativa que fue parcialmente transcrita de la que presentó Calderón Hinojosa, aunque extendida –según dicen- directamente por Don Beltrone.

¿Cuál es la motivación del PRI para presentar una iniciativa propia, tan parecida a la oficial, en lugar de proponer correcciones a la propuesta original (como han hecho en otros casos)? A mi parecer, lo principal es negar cualquier intención privatizadora, aún cuando apoyan la desnacionalización de la industria petrolera por la misma vía de apertura de contratos que ha defendido el PAN. Ahora, esta idea de que el PRI es el punto medio de la política partidista en México, es sólo una estrategia más, en la misma lógica de presentar al PRI en una postura ideológica más distante del panismo que de la izquierda. Esto es una máscara porque en realidad la iniciativa priísta fue bien recibida por el panismo y el gobierno, y criticada repetidamente por casi todo el FAP (con sus deshonrosas excepciones).

El origen de estas opiniones, es por supuesto, el contenido de la iniciativa con la que el gobierno celebraba sus coincidencias y los perredistas señalaban sus diferencias. Lo panistas llaman ya a dictaminar, no dejar pasar más tiempo y a levantar urgentemente los dedos, quitando espacio al debate. En este punto, además, se sabe que el PRI quiere lo mismo: evitar un período extraordinario y aprobar la reforma partiendo de sus coincidencias.

Después de revisar el contexto de esta iniciativa quisiera pasar a revisar más en forma lo que trascendió en los medios sobre su contenido. Las nueve iniciativas son muy parecidas a las entregadas por el panismo y principalmente se diferencian por contener también tres propuestas de nueva creación: ley orgánica de Pemex, ley de la comisión nacional reguladora del petróleo y ley para la transición energética. En lo general haré una revisión de los principales temas encontrados.

En primer lugar, la intención del PRI con esta reforma no es diferente de la presentada por el PAN: encontramos de nuevo, esa simple e irracional búsqueda de la maximización de la renta petrolera sin tomar en cuenta las consecuencias para el consumidor mexicano. No se preocupan por las consecuencias que tendrían varias de sus propuestas, como desarticular la industria haciendo de PEMEX (en lugar de una empresa encadenada e integrada vendiéndose a si misma insumos baratos para la transformación del petróleo), varias empresas que, a pesar de ser propiedad de la nación, contratarán a su vez a empresa privadas para que hagan los trabajos por PEMEX, encareciendo los precios de venta debido a la creación de intermediarios que serán partícipes de una ganancia privada que bien se podría atribuir a PEMEX.

De hecho los argumentos de algunos exdirectores de la paraestatal, habían sido escuchados en el sentido de que la forma de garantizar una reducción de precios al público de las gasolinas y un inventario suficiente de derivados del petróleo era integrar a PEMEX en una sola cadena que no se vendiera los insumos para la refinación a precios de mercado, sino al costo, para que la ganancia del erario pueda alcanzar mucho más de un 100% al vender los productos procesados, facilitando así la satisfacción de la demanda nacional a bajos precios.

Este tema abarca los contratos propuestos por el priísmo, ya que debido a que buscan la mayor explotación de reservas de crudo, sin poner tanto énfasis a la autonomía en refinación, obligan a PEMEX a dejar de lado estos negocios. Es decir no aprovechan todas las diferentes partes de la industria, y usando la misma vía de contratos (donde se comparte la renta petrolera con privados como premio a la puntualidad de las petroleras trasnacionales), podrán continuar generando miles de millones de dólares en ganancias anuales a costa de los hidrocarburos. La única diferencia del priísmo en este punto (ya que según trascendió en la prensa, copiaron 28 párrafos de la propuesta oficial), es que dichos contratos sean revisados por la desprestigiada Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (aunque éstos contratos violen el artículo 27 y el TLCAN que imposibilitan a privados a entrar en la industria petrolera) con la única facultad de hacer públicos los documentoss y la imposibilidad de cancelación de los mismos.

Como ya mencionaba, dentro de los mecanismos propuestos por el tricolor, las propuestas panistas fueron respetadas en cuanto a la participación de corporaciones privadas al menos en la exploración petrolera, lo que se traduciría también en una violación a lo dispuesto por la Carta Magna. Estos contratos en lugar de llamarse “de riesgo” o “incentivados” (conocidos y ya impopulares términos) se disfrazan con el nombre de Contratos de Buen Desempeño”, aunque funcionen con la misma mecánica

De esta forma se sigue utilizando el régimen propuesto por el gobierno en una forma mentirosa: Labastida Ochoa, por ejemplo, sostuvo que no entra el sector privado y lo que se plantea es que “Pemex tenga facilidades para realizar y contratar obras en los sectores estratégicos”, es decir, contratar empresas privadas que hagan los nuevos contratos en lugar de estas pequeñas filiales propuestas, convirtiéndolas en administradoras de deudas y contratos ajenos y -además de todo- cargando con estos costos. Para lo anterior se plantea adicionar el artículo cuarto de la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo, con la finalidad de determinar que esas empresas filiales “estarán dotadas de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.

Sin embargo, la propuesta del PRI, igual que la del Ejecutivo, prevé contratos sin licitación, mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa en casos, por ejemplo, de compra de tecnología, es decir, la transparencia sólo podrá aspirar a hacer público los contratado, sin la intención de revisar o verificar que las decisiones tomadas sean las mejores en ningún sentido.

En consonancia con el panismo, el PRI manifiesta que el tema sindical debe tocarse en otro tema no en esta reforma laboral, lo cual afecta el Consejo de Administración de PEMEX, en el que permanecerán los (no)representantes laborales que como Romero Deschamps siguen aprovechado los fondos de PEMEX en beneficio propio.

En general el PRI usa la posición fácil que tomó el gobierno: no se cambia la propiedad del petróleo ni de la empresa paraestatal (o las nuevas filiales de PEMEX), aunque los cambios realizados avanzan hacia la privatización de la renta petrolera futura (no las actuales), dado que privados extranjeros harán los trabajos por PEMEX en refinación exploración y extracción, recibiendo incentivos provenientes de las ganancias de estos mismos negocios.

Capitalizar PEMEX por medio de los llamados bonos petroleros es otra propuesta que se copia también de la iniciativa calderónica que revisamos en la intervención anterior. La única precisión que hizo el PRI fue que las AFORES administraran este dinero. Sobre esto, habría que hacer énfasis: estas empresas financieras privadas generarán rendimientos que bien podría asumir el gobierno con una instancia confiable, pero de nuevo el beneficio privado parece ser la coincidencia de estas dos primeras iniciativas.

La exploración de aguas someras tampoco es una prioridad en el PRI, lo cual lleva implícita la idea de que los contratos adjudicados sin licitación en el Golfo de México, sean usufructuados por los privados en la misma lógica usada por el PAN: la única salida para al país, es la extracción inmediata e intensiva de las reservas petroleras del llamado “hoyo de dona” de dicho Golfo. Este axioma panista lo mencionamos la semana pasada juzgando desde entonces que por un lado, la exploración de las costas mexicanas y las zonas continentales debería ser la prioridad en PEMEX, y por otro lado que el yacimiento mexicano del Golfo debe ser defendido en las instancias internacionales convenientes, mismas que el PRI no ha mencionado y por el contrario ha querido sustituir con negociaciones obscuras con el gobierno de EEUU.

En el tema internacional me gustaría mencionar lo dicho por Carlos Salinas de Gortari, quien acepta que las reservas petroleras mundiales cambian de manos hoy en día, transfiriéndose de manos privadas a empresas públicas. Salinas además menciona que cuando negociaba el TLCAN con Bush hace veinte años, el presidente de EEUU, presionó a México para abrir la industria petrolera mexicana a cambio de acceso a sectores estratégicos del mercado estadounidense. Estas dos consideraciones son insuficientes, 1) porque Salinas omite mencionar que las empresas públicas del mundo con mayor autodeterminación ofrecen contratos a empresas privadas, sólo si hay una transferencia de tecnología implícita y aún así, sin compartir la renta petrolera (el caso de Venezuela por ejemplo); y  2) porque aunque menciona que durante los sexenios de Zedillo, Fox y lo que va del presente, los acuerdos del TLCAN y el Artículo 27 constitucional han sido violados constantemente abriendo la industria petrolera reservada a contratos con privados (causando la debacle de PEMEX y sus reservas que ya hoy conocemos), olvida decir que él mismo fue quien inició esta subdivisión de la industria petrolera nacional, iniciando así, la venta por partes de PEMEX a las trasnacionales extranjeras, presionado por los negociadores de Canadá y EEUU.[1]

Además, el expresidente hoy apoya esta forma de contratación a sabiendas de que estas empresas petroleras privadas sólo sobreviven del dinero que empresas como PEMEX les conceden en detrimento de su propio beneficio, debido a que estas empresas (Repsol, Exxon, y las demás implicadas con PRI y PAN) ya no tienen reservas petroleras propias y dependen de este tipo de negocios.

A manera de conclusión quisiera mencionar que la propuesta del PRI ha sido una suerte de complemento a la del PAN, donde los (des)propósitos son los mismos: destinar una pequeña parte de los recursos de PEMEX a la reinversión en la empresa y continuar con utilización de los excedentes petroleros en el gasto social, evadiendo así su responsabilidad en el cobro de impuestos a los principales consorcios en el país, obligando a PEMEX a seguir endeudándose y a no aprovechar los diferentes componentes de la renta petrolera.

Una de las principales críticas a este punto[2] ha sido que la única forma de darle un respiro a PEMEX es hacer que el Gobierno mexicano asuma una autosustentabilidad financiera-fiscal (gravando las ganancias empresariales) para darle a PEMEX una autonomía en la administración de sus ingresos (el dinero que se quita a PEMEX es mayor a toda la recaudación de personas físicas y morales) y en la revisión de la relación laboral y sindical, para reiniciar los trabajos en todas las áreas como una empresa integrada  (exploración, extracción, refinación y distribución).

En fin, el PRI tuvo su oportunidad para proponer autónomamente una solución a este debate y Beltrones, hasta donde sabemos, prefirió utilizar la oportunidad para apoyar y acotar la propuesta gubernamental (olvidando por ejemplo, la importante demanda ciudadana de luchar contra la corrupción), lo cual resulta hasta ilegal debido a que el PRI en su declaración de principios y en su plataforma electoral de 2006, anunciaba la defensa irrestricta de la industria petrolera nacionalizada, el no a la privatización y el no al desmembramiento de petróleos mexicanos. Por otro lado, este error, sentó las bases para una tercera propuesta que vendrá del dividido PRD y que al haber sido realizada por los expertos que asistieron al debate, pone en entredicho el origen de las primeras dos iniciativas. Vendrá entonces el turno del grupo de AMLO, para tratar de deshacer este nudo gordiano, si es que al interior logran derrotar a la fracción “chucha”, que ya ha empezado a coquetear con el oficialismo privatizador.

 

¿Qué hacer con el petróleo de los mexicanos?

Publicado en:

http://escrutinio.wordpress.com/2008/08/02/¿que-hacer-con-el-petroleos-de-los-mexicanos/

Contexto

Durante este año se ha vuelto cada vez más importante el tema petrolero en el debate público nacional. Esto ha sucedido principalmente por dos motivos: 1) El imparable ascenso de los precios del petróleo en el mercado mundial y derivado de esto, 2) el debate que generaron éstos precios aunados al contexto nacional: ¿Qué cambios hacer a la industria petrolera para ponerla a la altura de las circunstancias actuales?

Existe la posibilidad de una confusión en torno al debate petrolero, debido sobre todo a la irresponsabilidad con la que los principales medios han manejado esta información, y no tanto por una supuesta dificultad del tema de fondo. Esta misma preocupación me hace traer al debate una revisión personal de lo acontecido recientemente, tratando de situar los principales hechos y opiniones en su merecida dimensión.

Habría que decir en primera instancia, que este debate no inicia este año ya que la idea de privatizar PEMEX (última reminiscencia junto con CFE, de las empresas dirigidas por el gobierno), viene desde la época de las privatizaciones de otras paraestatales mexicanas (TELMEX como ejemplo) y siempre fue un punto difícil de cumplir para los anteriores gobiernos.

Lo anterior, no es difícil de concebir si se revisa lo que ha sido la política económica en los últimos cuatro sexenios: desregulación de los diversos mercados de la economía, privatización de las empresas paraestatales, libre participación extranjera en los diferentes mercados, libre importación de mercancías, etc.

Es esta lógica -la de poner en control de la IP cada área de la economía- la que se quiere imponer en el sector petrolero y, al igual que en otros sexenios, estas políticas no vienen espontáneamente del inquilino de Los Pinos en turno, sino de las “recomendaciones” de los organismos financieros internacionales, como son el Banco Mundial o el Fondo Monetario, quienes a partir de su situación de acreedores de nuestro país y no contentos con el pago de casi la mitad de los ingresos fiscales cada año en forma de deuda externa, exigen también medidas y decisiones en los diferentes ámbitos de la política pública.

 

el diagnóstico de pemex y la propuesta del ejecutivo

 

Una vez entendido el contexto de las iniciativas presidenciales, hay que decir que ellas parten de un primer diagnóstico, que sobre la industria petrolera dio a conocer la actual titular de la Secretaria de Energía (SENER) Georgina Kessel. Entre los principales puntos de dicho documento se incluyen, las siguientes afirmaciones: 1) En primer lugar, que el país agota velozmente sus reservas probadas de crudo; 2) que para poder ampliar sus reservas la solución sería explorar regiones profundas de las aguas territoriales del país (específicamente en el golfo de México donde se sabe por medio de otras naciones de la existencia de un yacimiento en aguas profundas). 3) Que PEMEX no tiene la tecnología para perforar en aguas profundas y 4) que se debería buscar asociaciones con empresas extranjeras privadas para poder explotar estos yacimientos y para maximizar la entrada de dinero a las arcas nacionales.

Mencionado el diagnóstico, se entenderán las iniciativas presidenciales, ya que, como lo dijo Santiago Creel, aún como líder panista en el Senado, la iniciativa fue realizada a partir de lo declarado por la titular de la SENER.

Las iniciativas por cuestiones de espacio las resumiremos así: Cinco propuestas en diferentes reglamentos. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión del Petróleo y las leyes Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, de la Comisión Reguladora de Energía, y Orgánica de la Administración Pública Federal. Cito a Calderón explicándolas:

1) Propongo dotar a Petróleos Mexicanos de la autonomía financiera y de gestión suficientes, a fin de que pueda hacer frente de mejor manera a los nuevos retos. (…) buscamos darle a PEMEX mayor libertad en el manejo de su presupuesto y de su deuda,  (…) 2) se propone establecer un régimen especial en materia de contrataciones, adquisiciones y obras públicas, que sea distinto al del resto del Gobierno, lo cual le permitirá a la empresa ser muchísimo más eficiente (…) 3) Para no tener que importar la gasolina, el diesel y otros productos del extranjero (…) se propone permitir a PEMEX contratar empresas especializadas para la construcción y operación, por cuenta de Petróleos Mexicanos, de nuevas refinerías. Debo aclarar que en todo este proceso PEMEX conservará, en todo momento, la propiedad del petróleo y de todos los productos que de él se obtengan. 4) Propongo mejorar la administración de PEMEX para ponerla a la altura de las mejores empresas del mundo, garantizar la rendición de cuentas y la transparencia absoluta de la empresa, a fin de que nos diga a todos los mexicanos cómo gasta y en qué se gasta nuestro dinero. Por eso la vamos a dotar de mejores herramientas contra la corrupción. 5) Para consolidar a PEMEX como una empresa de todos los mexicanos y que todos seamos parte del éxito de la empresa, se propone la creación de los bonos ciudadanos, es decir, títulos de crédito que estarán disponibles para todos los mexicanos.[1].

 

Críticas al Diagnóstico y a la iniciativa gubernamental

 

Antes de pasar al análisis del debate que ha tenido lugar en el Congreso, me gustaría sintetizar los principales cuestionamientos hechos al diagnóstico, ya que es primordial un acuerdo en esto para pactar una posible solución. Las críticas, han sido ofrecidas en conjunto, contra todo el documento, de esta forma:

La idea de que las reservas probadas se están extinguiendo es cierta, pero la idea de que no hay pozos accesibles, no obedece a la realidad. En este punto hay mucha especulación por parte del Poder Ejecutivo: por un lado no se menciona que en el sexenio de Fox se consumieron 27% de las reservas petroleras, que este mismo grupo político estaba en control de PEMEX cuando esta crisis aparece, mandando a la industria petrolera mexicana al lugar 11 (en cantidad producida) cuando aparecía en el sexto hace menos de una década. Por otra parte, y aunque se sabe que hay un descenso sustantivo de las reservas debido a esta política de máxima explotación de los yacimientos, habría que mencionar que el gobierno ha bloqueado sistemáticamente la exploración en las últimas dos décadas, por lo que no hay un sola razón que apunte a las aguas profundas como única opción, con un 80% del territorio por explorar.

Cabe destacar que, aún sin explorar, con las reservas probables y probadas actuales, es mucho más barato y posible abrir pozos en aguas someras para ampliar la producción, debido a dos factores, dicho petróleo es más barato de extraer y más barato de procesar.

PEMEX tiene la tecnología para extraer petróleo en aguas someras que no hemos explotado aún y no tiene que asociarse con trasnacionales petroleras privadas para obtener esta tecnología, incluso, en el caso del fondo del golfo, ya que, esta misma tecnología la ofrecen Irán, Venezuela, Rusia o Brasil, sin requerir de inversiones mixtas con PEMEX.

Resumiendo, el diagnóstico fue criticado por sectores de izquierda, civiles y de los partidos PRD y PRI, con las siguientes acusaciones: manipula datos sobre la industria petrolera, sesga la información haciendo creer que PEMEX está en quiebra justo cuando vierte al Estado la mayor cantidad de divisas en su historia; y trata de hacernos pensar que la única salida es la inversión privada en detrimento del desarrollo sustentable de PEMEX. Fuera de estos sectores, y más bien desde el grupo intelectual, hubo críticas incluso más serias donde se acusa a Kessel de crear el documento a modo para justificar estas iniciativas, a partir de las recomendaciones del Banco Mundial. Si se quisiera saber realmente el estado actual de la industria, el diagnóstico vendría acompañado de una auditoria general a PEMEX.

Después de las críticas al diagnóstico, pasemos a la revisión de los primeros argumentos contra las iniciativas, ya con una oposición que opina que las soluciones presidenciales no tienen fundamentos legales o de legitimidad, y que promovieron un foro que garantizara un debate como el que presenciamos:

1) Las iniciativas intentan abrir a la inversión privada los trabajos en refinación y transporte de petróleo, además de asegurar la discrecionalidad en las decisiones que PEMEX tome al otorgar contratos por asignación directa y al contratar deuda, por lo que la paraestatal en lugar de transparentarse, se manejará aún más lejos de la opinión pública.

2) En lugar de cumplir la vieja “demanda de dotar a la paraestatal de autonomía administrativa para impedir que siga siendo saqueada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa, la reduce a una renovación del mecanismo de control presidencial sobre Pemex, con la propuesta de que la empresa quede bajo un consejo de administración de 15 integrantes, de los cuales 10 serían nombrados desde Los Pinos, uno más sería el secretario de Energía en turno y los cuatro restantes, designados por el sindicato petrolero.”[2]

3) En cuanto a la ley reglamentaria al art. 27 constitucional la izquierda menciona que lo que busca el gobierno, principalmente es establecer normas secundarias en contra de la constitución para privatizar el sector, como fue hecho en la industria eléctrica.

4) Se intenta abrir el procesamiento de petróleos a la inversión privada con el señuelo de los “contratos de servicios ampliados”, lo cual es sólo una nueva versión de los contratos de riesgo en los cuales se compartirá la renta petrolera, todo, con la supuesta intención de evitar la compra de gasolinas del extranjero

5) Los bonos ciudadanos significan un nuevo cobro por el derecho ciudadano (ya adquirido previamente con la expropiación de 1938) para participar en las ganancias de PEMEX, que además está tratando de convencer a los mexicanos que pudieran considerar posible invertir en dichos bonos, creando así diferentes niveles de beneficio de la renta petrolera en la ciudadanía, beneficiando a quienes más posibilidades de inversión tienen y creando el riesgo de una concentración de bonos. Además, no hay estructuras estatales para manejar los fondos y este manejo, representa un costo del que no se aclara nada y que frecuentemente genera privilegios y corrupción. Así, esta reforma parece un intento de capitalizar la empresa con inversión privada, cosa que ya se ha hecho en otros casos y al final al no existir un control se convierte en un fraude (habría que revisar el caso de la casa de bolsa, Telmex y los bonos del ahorro nacional).

Después de éstas primeras críticas, y a partir de filtraciones e información en sentido de un arreglo entre los partidos PRI y PAN para aplicar un “albazo” o aplicar la vía “fast track” -y promulgar así las reformas que provienen del PAN y del gobierno-, el movimiento dirigido por AMLO, fue convocado a clausurar el Congreso y a crear brigadas de difusión social, permeando en otras fuerzas políticas partidistas y grupos civiles. El resultado de ésta protesta fue doble: por un lado, se dio lugar a un pacto para garantizar un debate durante más de dos meses en foros abiertos; y  por el otro, el Congreso siguió funcionando sin oposición y varias leyes que llevaban tiempo esperando un buen momento para ser aprobadas fueron promulgadas.

 

Síntesis del debate en el congreso

 

Lo relevante sería pasar ahora a establecer los temas más importantes durante el debate general que en los últimos tres meses hemos tenido oportunidad de presenciar. En primer lugar, mencionaría:

A) La revisión de los objetivos de este cambio legislativo llamado reforma energética. El argumento gubernamental principal y justo del que se derivan la principales diferencias y el subsecuente debate es: la búsqueda específica de maximizar la renta petrolera anual. Esto es fundamental porque está en contraposición con la idea de maximizar el valor social del petróleo[3], lo cual significa que la prioridad sería así asegurar los combustibles eficientemente y con precios accesibles a la población y a la producción nacional, para situar la condición necesaria: la autosuficiencia energética a partir de una empresa integrada como PEMEX. La disyuntiva es entre buscar meramente la mayor ganancia inmediata en estos años o asegurar una autonomía energética de largo plazo. Pensando en esto y revisando las cifras de los últimos años, se infiere que la monoexportación de crudo y el abandono de la transformación del petróleo a partir sobre todo de 1995 y debido primordialmente a la crisis, está violando ambos preceptos, el de maximizar la renta y el valor social del petróleo. Finalmente, tomando en cuenta que lo que se busca es una directriz para las decisiones en política pública, habría que rescatar la idea que expresó Lorenzo Meyer en los medios recientemente: México debería de mostrar más nacionalismo en sus decisiones debido a que pugna por sus intereses siendo vecino del país más nacionalista del mundo, que parece estar disputando el control de nuestras reservas petroleras con esta iniciativa.

B) En cuanto al sector administrativo, la fiscalización y el financiamiento necesario para los procesos de producción y transformación de hidrocarburos, la idea general implícita en el diagnóstico y en las iniciativas oficiales, es la de que PEMEX está quebrada y que la única forma de financiamiento posible es la inversión privada en el sector, sin especificar con qué empresas. Además, en las iniciativas se propone la adjudicación directa para crear contratos con PEMEX, sin tener en cuenta que existen muchas empresas petroleras foráneas, pero no nacionales además de PEMEX, así que los beneficios serán, casi exclusivamente, para las empresas norteamericanas y españolas. Es lo mismo en materia de adquisiciones, contrataciones y flexibilidad laboral en la empresa: lo que está por analizarse en este tema es quién va a ser el beneficiado de estos negocios. La idea es que se asegure nuestro beneficio por la vía de evitar contrataciones en trabajos de infraestructura y tecnología, obligando a las universidades locales al desarrollo del capital humano para una industria nacional.

Esto nos lleva a la discusión de la petrolización de los recursos presupuestales, y la desfiscalización de PEMEX. Para que pueda autosustentarse la inversión necesaria, necesitamos tener en cuenta que hay dinero suficiente para financiar el presupuesto sin depender de PEMEX, dicho financiamiento podría provenir de diferentes instancias, por ejemplo: 1) del dinero que la SHCP a través del SAT, devuelve cada año a los grandes consorcios del país, los que a pesar de su gran concentración de capital (que crece cada año), al final no pagan impuestos, o pagan sumas irrisorias por la proporción. 2) las reservas mexicanas de divisas, que debido a que están en dólares e invertidas en el problemático sector financiero estadounidense, podrían enfrentar pérdidas, por lo cual resultaría mas seguro y rentable invertir buena parte de éstas reservas en una industria con demanda y crecimiento asegurados como lo es la petrolera; y finalmente, para mencionar pocos ejemplos, 3) los fondos de las AFORES, que en doble forma beneficiarían a la sociedad: por un lado, asegurando los ahorros y pensiones de los trabajadores en una inversión confiable, y que a su vez estaría ayudando a solucionar la necesidad de inversión pública en la industria petrolera. Si es negocio para estas empresas venir a invertir aquí, ¿no lo será también para PEMEX?

C) Manejo y ampliación de las reservas. Uno de los principales argumentos para la extracción en aguas profundas ha sido que si México no decide la forma en la que se va a explotar la zona del Golfo, EEUU y Cuba podrán tomar la porción mexicana de petróleo, cuando esto debe ser negociado autónoma y diplomáticamente buscando instancias internacionales confiables. Además, se ofrece una especie de panacea en el golfo a partir de la exportación de las reservas de la zona y en general de la maximización de la capacidad exportadora, en lugar de transformar internamente la materia prima. La política más inteligente a seguir no es esta, la gubernamental, sino la de explorar y explotar las aguas someras, donde es más barato y para lo cual ya hay infraestructura industrial, tecnológica y humana; buscando además, ampliar las reservas y la capacidad de refinación,  no la explotación irracional de las reservas.

D) Refinación  y procesamiento del petróleo. En este tema, analizando la iniciativa presidencial en la materia, encontramos que pasa lo mismo que en la propuesta para perforación de pozos: las empresas podrían construir refinerías, refinar y vender los productos con valor agregado a PEMEX con la propiedad de la industria en general y para el beneficio de esas mismas empresas exclusivamente. Es cierto que la propiedad del petróleo no se toca, pero lo que hace valer a un barril es la transformación del crudo en algún valor agregado y eso lo hacen en el exterior por nosotros y no se soluciona de manera alguna en esta iniciativa. Por ejemplo, ¿quién va a hacer las refinerías que se proponen y que no se han detallado? ¿dónde están los técnicos necesarios? Sólo pueden provenir de PEMEX o del extranjero, no hay opciones. Entonces ¿por qué no darle las refinerías a PEMEX? De esa forma los recursos van a ésta empresa que haría las refinerías y tendría así el estratégico control del abasto de combustibles. La crítica principal en este tema es que el gobierno no quiere recurrir a PEMEX por el costo que significa a las élites políticas nacionales y prefiere que las empresas privadas paguen el costo de las refinerías a pesar de que éstas empresas extranjeras se hagan así, en el largo plazo, del control del mercado de combustibles y derivados del petróleo (como el caso actual de los fertilizantes, muy importantes en la producción alimentaria nacional y en importante inflación).[4]

E) Propiedad de la industria petrolera. Calderón ha afirmado que busca fortalecer la industria sin privatizar PEMEX, pero sin decir que lo que se hace es crear una industria petrolera paralela en posesión de grandes corporativos extranjeros. Habría que recordar que la privatización plena del petróleo sucedió durante el porfiriato, en un contexto de predominio de las ideas liberales y casualmente fue esa, la última decisión tomada en materia petrolera antes de la revolución de 1910. Después en la constitución de 1917, se determina la propiedad nacional y se lleva a cabo realmente hasta 1938, debido a la dificultad que implica renacionalizar un sector estratégico de la economía, lo que finalmente logró el Gral. Cárdenas ante críticas muy parecidas a las de hoy.

Once años después, durante el sexenio de Miguel Alemán (entre 1949 y 1951), se toma la decisión de formar alianzas con empresas de EEUU, pero en 1960 se vuelven a cancelar los contratos prohibiendo las futuras y existentes concesiones y los contratos de riesgo y de cualquier tipo con empresas privadas (Art. 27 constitucional). Éstas decisiones se toman a partir de la experiencia de la interacción con empresas privadas y con la intención de controlar los estratégicos mercados energéticos. La nueva iniciativa busca dejar el artículo 27 intacto y no cambiar la propiedad del petróleo, pero por medio de la inversión necesaria en cada contrato, provocar que la transformación del petróleo sea realizada por una industria privada, que genera una ganancia en detrimento de las arcas nacionales. Es importante destacar también, que todos los contratos en materia energética realizados con particulares en años reciente (a partir de 1995 la mayoría de ellos) son anticonstitucionales e ilegales a pesar del tiempo que llevan vigentes.

F) Contexto internacional. Actualmente, las principales economías en vías de desarrollo como son Brasil, India o China, han generado un crecimiento en la demanda petrolera mundial por encima del alza en la oferta, acrecentando así las especulaciones en mercancías petroleras y junto con ello, los precios del petróleo y sus derivados. Además, según las investigaciones de Jalife Rahme[5], durante los últimos dos siglos, cuando EEUU no tiene reservas de petróleo aseguradas, los precios de estos bienes suben. Así que eso habla de que en realidad está de fondo, la búsqueda de reservas baratas de petróleo para, al menos, EEUU y España, ya que en este intento de privatización, están implicadas empresas de estos países, que enfrentan actualmente crisis financieras profundas, además de una crisis de reservas en las empresas que les proveen petróleo y derivados. Habría que mencionar los últimos dos fracasos estadounidenses en búsqueda de reservas: Irak y Afganistán. En ninguno de estos casos los países que apoyaron las guerras (España y EEUU con Aznar y Bush a la cabeza) lograron controlar los pozos petroleros debido a la oposición de la población local en guerra civil. Al no poder asegurar esas reservas, éstos países importadores de petróleo, buscan en México, garantizar sus intereses a costa de los intereses mexicanos.

Finalmente, en este mismo ámbito internacional se han mencionado diversas experiencias de privatizaciones parciales como ejemplos para México, como si fuera ésta la tendencia internacional, cuando en realidad, esto significaría ir en contra de la tendencia mundial actual. Por ejemplo, mientras los promotores de las iniciativas ofrecen el ejemplo de Brasil como experiencia de éxito de una co-inversión con la IP, en este país se busca la nacionalización total de PETROBRAS al estilo PEMEX. Aún más, siguiendo los ejemplos que han dado GAZPROM y ARAMCO -las mayores empresas de gas y petróleo en el mundo respectivamente- quienes a partir de la renacionalización de sus empresas (Arabia en 1980 y Rusia a partir de la llegada de Putin), son las experiencias más exitosas en el mundo y lo lograron al nacionalizar las diferentes etapas de la extracción y transformación del petróleo. En este caso, lo sorpresivo es que el gobierno no mencione siquiera estas experiencias y siga, por ejemplo, quemando gas en la explotación de pozos en el sur del país, mientras se importa de otras naciones. Desde este punto de vista, lo interesante realmente sería seguir el ejemplo de ARAMCO que genera cinco veces más divisas que PEMEX (más de 500 mil millones de dólares contra 104mil en México) a partir de su tecnología, industria nacional, trabajadores y universidades.

Después de ésta revisión, me gustaría agregar que éste artículo fue armado a partir de la discusión sobre la iniciativa energética presidencial, y que aunque en estos días recientes el PRI propuso una iniciativa propia, ésta tendrá que ser revisada independiente y detenidamente. La forma de analizar cualquier propuesta y escoger una en especial, tiene que resolver éstos últimos debates mencionados, ya que es lo que está en juego entre las fuerzas políticas nacionales, sin mencionar que parece que intereses foráneos presionan también por la privatización de la mayor parte posible de la producción y transformación petrolera nacional.

Para terminar, quisiera agregar que el supuesto margen de victoria de Calderón, fue de 0.56%, lo cual no es, en lo absoluto, suficiente para decidir el futuro de la mayor entrada de divisas internacionales en el país. Además, ésta ínfima ventaja y la actual mayoría prianista, fueron conseguidas prometiendo lo contrario a lo que proponen. Por esto, y ante la imposibilidad de participar políticamente por la vía legal en nuestro sistema político, sugiero a la sociedad civil y a las fuerzas políticas nacionales con registro y sin él, la protesta pública, pacífica y crítica, con la exclusiva intención de incidir en las decisiones políticas para un desarrollo nacional realmente integral.



[1] http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=34808

[2] http://www.jornada.unam.mx/2008/04/09/index.php?section=edito&article=002a1edi

[3] http://mx.youtube.com/watch?v=ncSHRkSIevE

[4]Críticas del ex director de PEMEX: http://mx.youtube.com/watch?v=ncSHRkSIevE

[5] Críticas de Jalife para esta sección: http://mx.youtube.com/watch?v=GR1zNajZx6U&feature=related