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Retomando el tema petrolero, quisiera poner atención en la iniciativa que a nombre del PRI, presentó el senador Beltrones. La propuesta surge durante la dispareja guerra mediática de adjetivos (más que de argumentos) que enfrentó, en un principio, al FAP (PRD, PT y Convergencia) y al grupo en el poder incluyendo al PAN, sus gobiernos y legisladores. Desigual la batalla, porque la mayoría de los medios principales (radiodifusoras, prensa y televisión) tomaron una postura oficialista, elogiando las iniciativas panistas de forma parcial y minimizando el debate pactado en el Congreso y la consulta ciudadana.
En medio de esta lucha el PRI se asume como el “razonable punto medio” de la política partidista, tratando de ser el actor determinante. Si bien, esta estrategia la han usado desde que perdieron la mayoría legislativa y la presidencia, ahora se hace un énfasis especial para recuperar la credibilidad perdida, redirigiendo al partido en un camino pretendidamente “socialdemócrata”. Arrepentido y auto-redimido, el nuevo PRI sospechosamente purificado, asegura que su iniciativa es menos privatizadora que la del PRD, a pesar de proponer el mismo esquema de contratos de la iniciativa gubernamental. Es decir, dos gatas revolcadas. Una: el PRI que se renovó por decreto; y la segunda: la iniciativa que fue parcialmente transcrita de la que presentó Calderón Hinojosa, aunque extendida –según dicen- directamente por Don Beltrone.
¿Cuál es la motivación del PRI para presentar una iniciativa propia, tan parecida a la oficial, en lugar de proponer correcciones a la propuesta original (como han hecho en otros casos)? A mi parecer, lo principal es negar cualquier intención privatizadora, aún cuando apoyan la desnacionalización de la industria petrolera por la misma vía de apertura de contratos que ha defendido el PAN. Ahora, esta idea de que el PRI es el punto medio de la política partidista en México, es sólo una estrategia más, en la misma lógica de presentar al PRI en una postura ideológica más distante del panismo que de la izquierda. Esto es una máscara porque en realidad la iniciativa priísta fue bien recibida por el panismo y el gobierno, y criticada repetidamente por casi todo el FAP (con sus deshonrosas excepciones).
El origen de estas opiniones, es por supuesto, el contenido de la iniciativa con la que el gobierno celebraba sus coincidencias y los perredistas señalaban sus diferencias. Lo panistas llaman ya a dictaminar, no dejar pasar más tiempo y a levantar urgentemente los dedos, quitando espacio al debate. En este punto, además, se sabe que el PRI quiere lo mismo: evitar un período extraordinario y aprobar la reforma partiendo de sus coincidencias.
Después de revisar el contexto de esta iniciativa quisiera pasar a revisar más en forma lo que trascendió en los medios sobre su contenido. Las nueve iniciativas son muy parecidas a las entregadas por el panismo y principalmente se diferencian por contener también tres propuestas de nueva creación: ley orgánica de Pemex, ley de la comisión nacional reguladora del petróleo y ley para la transición energética. En lo general haré una revisión de los principales temas encontrados.
En primer lugar, la intención del PRI con esta reforma no es diferente de la presentada por el PAN: encontramos de nuevo, esa simple e irracional búsqueda de la maximización de la renta petrolera sin tomar en cuenta las consecuencias para el consumidor mexicano. No se preocupan por las consecuencias que tendrían varias de sus propuestas, como desarticular la industria haciendo de PEMEX (en lugar de una empresa encadenada e integrada vendiéndose a si misma insumos baratos para la transformación del petróleo), varias empresas que, a pesar de ser propiedad de la nación, contratarán a su vez a empresa privadas para que hagan los trabajos por PEMEX, encareciendo los precios de venta debido a la creación de intermediarios que serán partícipes de una ganancia privada que bien se podría atribuir a PEMEX.
De hecho los argumentos de algunos exdirectores de la paraestatal, habían sido escuchados en el sentido de que la forma de garantizar una reducción de precios al público de las gasolinas y un inventario suficiente de derivados del petróleo era integrar a PEMEX en una sola cadena que no se vendiera los insumos para la refinación a precios de mercado, sino al costo, para que la ganancia del erario pueda alcanzar mucho más de un 100% al vender los productos procesados, facilitando así la satisfacción de la demanda nacional a bajos precios.
Este tema abarca los contratos propuestos por el priísmo, ya que debido a que buscan la mayor explotación de reservas de crudo, sin poner tanto énfasis a la autonomía en refinación, obligan a PEMEX a dejar de lado estos negocios. Es decir no aprovechan todas las diferentes partes de la industria, y usando la misma vía de contratos (donde se comparte la renta petrolera con privados como premio a la puntualidad de las petroleras trasnacionales), podrán continuar generando miles de millones de dólares en ganancias anuales a costa de los hidrocarburos. La única diferencia del priísmo en este punto (ya que según trascendió en la prensa, copiaron 28 párrafos de la propuesta oficial), es que dichos contratos sean revisados por la desprestigiada Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (aunque éstos contratos violen el artículo 27 y el TLCAN que imposibilitan a privados a entrar en la industria petrolera) con la única facultad de hacer públicos los documentoss y la imposibilidad de cancelación de los mismos.
Como ya mencionaba, dentro de los mecanismos propuestos por el tricolor, las propuestas panistas fueron respetadas en cuanto a la participación de corporaciones privadas al menos en la exploración petrolera, lo que se traduciría también en una violación a lo dispuesto por la Carta Magna. Estos contratos en lugar de llamarse “de riesgo” o “incentivados” (conocidos y ya impopulares términos) se disfrazan con el nombre de Contratos de Buen Desempeño”, aunque funcionen con la misma mecánica
De esta forma se sigue utilizando el régimen propuesto por el gobierno en una forma mentirosa: Labastida Ochoa, por ejemplo, sostuvo que no entra el sector privado y lo que se plantea es que “Pemex tenga facilidades para realizar y contratar obras en los sectores estratégicos”, es decir, contratar empresas privadas que hagan los nuevos contratos en lugar de estas pequeñas filiales propuestas, convirtiéndolas en administradoras de deudas y contratos ajenos y -además de todo- cargando con estos costos. Para lo anterior se plantea adicionar el artículo cuarto de la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo, con la finalidad de determinar que esas empresas filiales “estarán dotadas de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.
Sin embargo, la propuesta del PRI, igual que la del Ejecutivo, prevé contratos sin licitación, mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa en casos, por ejemplo, de compra de tecnología, es decir, la transparencia sólo podrá aspirar a hacer público los contratado, sin la intención de revisar o verificar que las decisiones tomadas sean las mejores en ningún sentido.
En consonancia con el panismo, el PRI manifiesta que el tema sindical debe tocarse en otro tema no en esta reforma laboral, lo cual afecta el Consejo de Administración de PEMEX, en el que permanecerán los (no)representantes laborales que como Romero Deschamps siguen aprovechado los fondos de PEMEX en beneficio propio.
En general el PRI usa la posición fácil que tomó el gobierno: no se cambia la propiedad del petróleo ni de la empresa paraestatal (o las nuevas filiales de PEMEX), aunque los cambios realizados avanzan hacia la privatización de la renta petrolera futura (no las actuales), dado que privados extranjeros harán los trabajos por PEMEX en refinación exploración y extracción, recibiendo incentivos provenientes de las ganancias de estos mismos negocios.
Capitalizar PEMEX por medio de los llamados bonos petroleros es otra propuesta que se copia también de la iniciativa calderónica que revisamos en la intervención anterior. La única precisión que hizo el PRI fue que las AFORES administraran este dinero. Sobre esto, habría que hacer énfasis: estas empresas financieras privadas generarán rendimientos que bien podría asumir el gobierno con una instancia confiable, pero de nuevo el beneficio privado parece ser la coincidencia de estas dos primeras iniciativas.
La exploración de aguas someras tampoco es una prioridad en el PRI, lo cual lleva implícita la idea de que los contratos adjudicados sin licitación en el Golfo de México, sean usufructuados por los privados en la misma lógica usada por el PAN: la única salida para al país, es la extracción inmediata e intensiva de las reservas petroleras del llamado “hoyo de dona” de dicho Golfo. Este axioma panista lo mencionamos la semana pasada juzgando desde entonces que por un lado, la exploración de las costas mexicanas y las zonas continentales debería ser la prioridad en PEMEX, y por otro lado que el yacimiento mexicano del Golfo debe ser defendido en las instancias internacionales convenientes, mismas que el PRI no ha mencionado y por el contrario ha querido sustituir con negociaciones obscuras con el gobierno de EEUU.
En el tema internacional me gustaría mencionar lo dicho por Carlos Salinas de Gortari, quien acepta que las reservas petroleras mundiales cambian de manos hoy en día, transfiriéndose de manos privadas a empresas públicas. Salinas además menciona que cuando negociaba el TLCAN con Bush hace veinte años, el presidente de EEUU, presionó a México para abrir la industria petrolera mexicana a cambio de acceso a sectores estratégicos del mercado estadounidense. Estas dos consideraciones son insuficientes, 1) porque Salinas omite mencionar que las empresas públicas del mundo con mayor autodeterminación ofrecen contratos a empresas privadas, sólo si hay una transferencia de tecnología implícita y aún así, sin compartir la renta petrolera (el caso de Venezuela por ejemplo); y 2) porque aunque menciona que durante los sexenios de Zedillo, Fox y lo que va del presente, los acuerdos del TLCAN y el Artículo 27 constitucional han sido violados constantemente abriendo la industria petrolera reservada a contratos con privados (causando la debacle de PEMEX y sus reservas que ya hoy conocemos), olvida decir que él mismo fue quien inició esta subdivisión de la industria petrolera nacional, iniciando así, la venta por partes de PEMEX a las trasnacionales extranjeras, presionado por los negociadores de Canadá y EEUU.[1]
Además, el expresidente hoy apoya esta forma de contratación a sabiendas de que estas empresas petroleras privadas sólo sobreviven del dinero que empresas como PEMEX les conceden en detrimento de su propio beneficio, debido a que estas empresas (Repsol, Exxon, y las demás implicadas con PRI y PAN) ya no tienen reservas petroleras propias y dependen de este tipo de negocios.
A manera de conclusión quisiera mencionar que la propuesta del PRI ha sido una suerte de complemento a la del PAN, donde los (des)propósitos son los mismos: destinar una pequeña parte de los recursos de PEMEX a la reinversión en la empresa y continuar con utilización de los excedentes petroleros en el gasto social, evadiendo así su responsabilidad en el cobro de impuestos a los principales consorcios en el país, obligando a PEMEX a seguir endeudándose y a no aprovechar los diferentes componentes de la renta petrolera.
Una de las principales críticas a este punto[2] ha sido que la única forma de darle un respiro a PEMEX es hacer que el Gobierno mexicano asuma una autosustentabilidad financiera-fiscal (gravando las ganancias empresariales) para darle a PEMEX una autonomía en la administración de sus ingresos (el dinero que se quita a PEMEX es mayor a toda la recaudación de personas físicas y morales) y en la revisión de la relación laboral y sindical, para reiniciar los trabajos en todas las áreas como una empresa integrada (exploración, extracción, refinación y distribución).
En fin, el PRI tuvo su oportunidad para proponer autónomamente una solución a este debate y Beltrones, hasta donde sabemos, prefirió utilizar la oportunidad para apoyar y acotar la propuesta gubernamental (olvidando por ejemplo, la importante demanda ciudadana de luchar contra la corrupción), lo cual resulta hasta ilegal debido a que el PRI en su declaración de principios y en su plataforma electoral de 2006, anunciaba la defensa irrestricta de la industria petrolera nacionalizada, el no a la privatización y el no al desmembramiento de petróleos mexicanos. Por otro lado, este error, sentó las bases para una tercera propuesta que vendrá del dividido PRD y que al haber sido realizada por los expertos que asistieron al debate, pone en entredicho el origen de las primeras dos iniciativas. Vendrá entonces el turno del grupo de AMLO, para tratar de deshacer este nudo gordiano, si es que al interior logran derrotar a la fracción “chucha”, que ya ha empezado a coquetear con el oficialismo privatizador.
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