Crisis de seguridad y crisis de legitimidad

¡Qué coincidencias! ¿No llevaba el país largos años sumidos en una creciente inseguridad muy difícil de controlar? ¿Por qué el asesinato del joven Martí causó tanto revuelo? ¿Será acaso el poder político del padre? Bueno yo estaría especulando si afirmara lo anterior, pero por lo menos es fácil firmar que una verdadera preocupación por coordinarse se les debió haber ocurrido hace tiempo y ahora esta «cumbre» tan inusual como sedienta de atención intenta tomar el primer lugar frente al auditorio.

Este nuevo bombardeo mediático trata de convencer al auditorio de que el gobierno va a terminar con el crimen organizado mágicamente a partir de una reunión y una mayor coordinación. Ante esto habría que decir que las acciones propuestas como la cadena perpetua, la pena de muerte o la coordinación federal-estatal sólo atacan los síntomas del problema. Cualquier tipo de problema se resuelve atacando las causas del mismo, no los síntomas.

Haciendo una analogía, la fiebre en el cuerpo humano no se cura sólo con compresas frías en el cuerpo y baños en agua templada, esto no serviría si se sabe que la fiebre es síntoma de otro problema como una gripe fuerte o una infección. Para hacer efectiva la desaparición de la fiebre habría que hacer un diagnóstico profundo y revisar cual ha sido la causa de los síntomas.

Bueno, en el caso de la seguridad digamos que los síntomas son los asesinatos, las bandas delictivas, la violencia, los secuestros, los robos de autos, los asaltos, etc. Asimismo, para terminar el símil, las causas de estos síntomas son muy diferentes: desigualdad, pobreza, injusticia, corrupción, deserción de la policía y el ejército por bajos sueldos y malas condiciones laborales, etc.

Si las causas por las cuales un ciudadano se inicia en la delincuencia no desaparecen, las  penas propuestas recientemente sólo actuarían como un riesgo más que deberá correr la delincuencia organizada al entrar en acción. Para debatir sobre el tema de seguridad hay muchas ONG´s que se han dedicado activamente a la revisión de los procedimientos ideales de la policía, monitores ciudadanos de control de la policía, etc. Estas organizaciones no jugaron un papel central, en cambio, los gobernadores como Mario Marín o Ulises Ruiz, junto con Felipe de Jesús Calderón y Mouriño estuvieron en todos los canales, periódicos, revistas, radio y medios electrónicos, y en relación a eso quisiera ahondar.

¿Que pasará en los próximos cien días de este pacto de seguridad? Las diferentes autoridades han prometido usar todo el rigor de la ley contra la delincuencia. Casualmente durante este tiempo se definirá el futuro de la industria petrolera nacional y como sabemos habrá una fuerte oposición a la iniciativa oficial del PRIAN. 

Gobernadores de mas de dos terceras partes de los estados, además del ejecutivo federal, están en poder de estos dos partidos tradicionales (PRI y PAN) que han tomado las decisiones políticas los últimos ochenta años. Si la oposición no está de acuerdo con las iniciativas petroleras de estos partidos, ¿acaso la ley será utilizada con todo su peso como pasó en el caso del líder de la organización política Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco (parte de La Otra Campaña iniciada por el EZLN)?

Simultáneo a la cumbre, Ignacio del Valle recibía una sentencia a más de 40 años de prisión sin derecho a fianza, bajo los cargos de secuestro, sedición, organización delictuosa, etc. Hay que decir que no hay pruebas que sustenten estas acusaciones y que si bien hubo una batalla campal contra la policía, la policía utilizó medios ilegales en la misma. Entonces, ¿por qué los policías implicados no recibieron penas similares? ¿por qué los abusos, incluso sexuales (y documentados), que recibieron los y las inconformes de Atenco no fueron castigados con cárcel severa para los policías? Y lo que es más preocupante aún, ¿Por qué nadie en la cumbre del jueves pasado mencionó este problema potencial? 

Yo creo que no es que se haya olvidado, sino que se ignoró abiertamente. Este octubre se cumplen cuarenta años de la represión de una generación completa de jóvenes que se inmortalizó en Tlatelolco, pero que implicó muchos más enfrentamientos. De ese genocidio generacional que duró años, no hay castigados, mientras que en otros países latinoamericanos donde sucedieron choques entre jóvenes y autoridades, hoy los dictadores y los ex-policías han sido -por lo menos- juzgados (recordemos que en México un juez declaró proscrito cualquier delito del que se le quisiera acusar a Echeverría en relación a los sucesos del dos de octubre). 

El mayor peligro que enfrentamos en los próximos días es el que mencionaba Jaime Avilés en su Desfiladero del sábado pasado. Esto es que sacando a la policía y al ejército del cuartel, con el pretexto de controlar la delincuencia, el gobierno podría matar dos pájaros de un tiro: la protesta contra la privatización de la industria petrolera y la mala opinión que la gente tiene de la impotencia gubernamental frente a la delincuencia. En estos próximos 100 días se define el futuro de la industria petrolera, sin ninguna garantía ofrecida en la cumbre del jueves pasado hacia los dirigentes o militantes de oposición. El ejército, la policía, el descontento y las marchas en las calles, todos juntos de nuevo, vaya forma de recordar el sesentayocho.

En fin, los factores que definirán el futuro en cuanto al uso de la fuerza pública y el sector energético son dos procesos básicamente: 1) La posible aplicación del Plan Mérida (por el gobierno de Felipe de Jesús Cálderón y la saliente administración Bush-Cheney) y el plan de seguridad pactado el pasado jueves y 2) el dictamen, la discusión y promulgación de una posible ley petrolera o energética en ambas Cámaras del Congreso.