-Omar Granados
Cuando el ejecutivo federal, a través del secretario del trabajo Lozano Alarcón, decidió la desaparición de la paraestatal de energía eléctrica Luz y Fuerza del Centro, en lugar de seguir las instancias legales instruidas por la ley, optaron por el uso de la policía militar, que fue renombrada como Policía Federal (PF, antes Policía Federal Preventiva), y que a pesar del cambio de nombre, es la misma policía que ha sido usada para reprimir a la oposición izquierdista desde el final del sexenio de Zedillo, cuando se creó a partir de soldados del ejército mexicano, quienes contra su voluntad fueron cambiados a la naciente corporación policíaca.
Desde la huelga de la UNAM -movimiento que nació en contra de las cuotas que intentaban privatizar de facto y alejar del pueblo a la máxima casa de estudios del país- se estrenó esta nueva policía. El 6 de febrero del 2000, la PFP tomó nuestra Universidad, la sitió, la registró y arrestó a todos los estudiantes que se encontraban en ella. Lo anterior generó una reminiscencia de lo que había sucedido 32 años antes cuando el ejército tomó las mismas instalaciones y el politécnico, en contra también de un movimiento huelguista estudiantil.
Después de la UNAM, la PFP fue usada contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de Atenco, contra los obreros mineros de SICARTSA en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De la misma forma, los federales reprimieron a la APPO en Oaxaca hace tres años a costa de salvar el puesto del asesino y represor Ulises Ruiz, y en muchas otras ocasiones que han sido censuradas para la mayoría al no exhibirse en horario estelar. De igual manera que en el pasado, la PF siempre con sus pistolas de alto poder, otras de balas de goma, bombas lacrimógenas (como la que mató a Alexis Benhumea en Atenco), escudos, máscaras antigás, cascos y armaduras antimotines.
Esta misma policía militar antimotines (o anti-izquierdas), tomó las instalaciones de Luz y Fuerza, con un sabadazo y madruguete que tomó por sorpresa al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a la opinión pública en general. Con este acto, el panismo daba cuenta de su poca vocación legalista y su mano dura.
Las violaciones a la constitución
La toma de LyFC violentó los artículos 14, 16, 73 y 123 de la constitución (además de generar un debate sobre los artículos 25, 26,27 y 28), ya que como menciona el Art. 14, “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Obviamente el decreto de Calderón no esperó ninguna postura de ningún tribunal o autoridad de jurisprudencia en materia laboral o de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, además de que debía haber esperado la posición del Congreso en este caso ya que el artículo 73 atribuye al congreso, en su fracción décima “Para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, (…) comercio, (…) servicios financieros, energía eléctrica y nuclear”.
Finalmente el artículo 123 defiende a los trabajadores -en este caso al SME- en contra de los despidos injustificados y la forma en la que fue desaparecida su fuente de empleo, ya que el contrato colectivo y la relación laboral no pueden ser disueltos de esta forma, sin la mediación ya sea del Tribunal o de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La batalla legal
Por lo tanto el decreto de extinción de LyFC debería ser invalidado por el poder judicial y, de hecho, la batalla legal ya empezó y el SME ha logrado un simbólico avance: el primer revés jurídico para el gobierno. Los caminos legales que la defensa del SME pudiera tomar son básicamente tres: los recursos de inconstitucionalidad, anticonstitucionalidad y el juicio de amparo.
El recurso de anticonstitucionalidad es inútil de seguir, ya que al final la derecha prianista definiría su futuro en el Congreso, aunque la Asamblea Legislativa del DF ya inició el recurso, argumentando que el gobierno federal estaría actuando contra la población del DF al extinguir una empresa pública que daba servicio a la población local .
Por otra parte, el recurso de anticonstitucionalidad de la ley como nos explicó Arnaldo Córdova el domingo pasado en La Jornada, no vale la pena seguirlo ya que, debido a las contradicciones legales, “Esa fracción no tiene asidero teórico ni jurídico y, además, sólo la puede plantear una tercera parte de los órganos legislativos y la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Por lo tanto, el mejor camino es el que ya iniciaron los abogados del SME, una de las más importantes aportaciones mexicanas al derecho internacional como es el Amparo, institución propuesta por los mexicanos Mariano Otero y Manuel Crecencio Rejón a mediados del siglo XIX para defender a las personas físicas o morales de cualquier anomalía en la ley o abuso de poder proveniente de las autoridades mexicanas.
El juicio de amparo promovido por la defensa del SME entre quienes se encuentran Néstor y Carlos de Buen, así como Raúl Carrancá, logró una primera victoria cuando la juez Guillermina Coutiño Mata concedió el amparo contra la extinción de LyFC y contra el final de la relación SME-LyFC dando la suspensión definitiva.
De igual forma, el fallo implica que la JFCA deberá esperar a que la juez Coutiño decida sobre la supuesta inconstitucionalidad del decreto presidencial, con lo cual incluso la liquidación de la empresa se cancela hasta que se resuelva el fondo del amparo.
Ahora, en espera de la solución de fondo del amparo, “autoridades jurídicas” del gobierno de Calderón interpusieron un recurso de revisión de la suspensión definitiva concedida por el amparo de la juez Coutiño. La revisión será turnada al cuarto tribunal colegiado laboral, que la semana pasada ya le había dado la razón a Coutiño con la suspensión provisional, por lo que parece que el tribunal ratificará la protección definitiva.
A pesar de las victorias previas, el secretario del desempleo (porro de vocación) Lozano Alarcón, insiste en dejar sin trabajo a los más de 40mil agremiados del SME, los amenaza para no seguir en la lucha legal ni política, los apremia a ir por su liquidación, los invita -ahora si- a que rápidamente asistan para ser recontratados por CFE, y de forma profética prevé que la decisión legal ya está tomada y que perjudicará al sindicato. ¿Amenaza o arreglo en lo oscurito? Sea lo que sea, Lozano sigue mostrando su desprecio por la ley y su gusto por el autoritarismo.
La batalla política
La batalla política la están dando las cabezas visibles del gobierno como han sido la secretaria de energía, el mismo Lozano Alarcón, y el inquilino de Los Pinos. En conjunto, su práctica en común es la masiva desinformación con la que las autoridades pretenden engañar a la población en horario estelar, con campañas mediáticas costosas, argumentando que el déficit de la empresa afectaba al erario público, que los altos cobros de la luz y los números rojos de la paraestatal son responsabilidad del sindicato, que la mayoría de los trabajadores ya se liquidaron, que el gobierno ofrece capacitación y apoyo para encontrar trabajo, etc. Afortunadamente, las (malas) ideas se les acabaron a los sujetos en cuestión, y además de que todas las anteriores son argumentaciones mentirosas, ahora el balón está en la cancha del SME, la clase trabajadora solidaria y los campesinos, estudiantes y académicos que se han unido a la causa.
Esto nos lleva al otro actor político que se ha ido constituyendo lentamente, el cual no puede explicarse sin la historia del SME, que ha sido el único sindicato democrático del país (sumido entre los Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo, La Güera Rodríguez Alcaine, etc.), además de ser de los pocos independientes y de izquierda.
Además de lo anterior, el SME se ha solidarizado con las luchas de la izquierda mexicana y para no ir muy lejos podemos mencionar sólo algunas como el levantamiento del EZLN, la huelga de la UNAM, la campaña de AMLO, la Otra Campaña, la APPO, Atenco, etc. Por lo tanto, cuando el decreto de extinción de Luz y Fuerza se hizo público y la PF tomó las instalaciones de la paraestatal, el SME reunió una gran cantidad de solidarios (al menos 300,000) que tomaron las calles sólo cinco días después.
Las protestas en dependencias públicas, oficinas del Poder Judicial, oficinas de gobierno, etc., se verán culminadas con un intento con pocos precedentes históricos recientes, en lo que será un paro nacional cívico y una megamarcha para este miércoles 11 de noviembre. La unificación de los sindicatos, estudiantes, académicos y ciudadanos concientes contra la política fiscal, económica y social del gobierno, ha provocado una oposición política cada vez más fuerte, envalentonada y con la conciencia de que la razón la respalda.
El mismo movimiento político partidista de AMLO, los ha apoyado y han hecho un frente (sin decirlo abiertamente aún) contra el neoliberalismo. Una parte esencial del movimiento que aún se esta gestando, es que hay un entendimiento claro de que todos los sucesos recientes (liquidación de LyFC, más impuestos, recortes al gasto social, etc.) están conectados debido a una ideología que une a los partidos en el poder como son el PRI y el PAN y sus satélites, esta ideología es el neoliberalismo.
Ahora bien, además de acciones como bloquear el control de CFE sobre las instalaciones de LyFC para evitar la entrada de más esquiroles, pedir la destitución de Lozano Alarcón, hacer una asamblea general permanente en resistencia, mejorar las relaciones con la clase trabajadora, etc.; el SME y sus aliados tomarán las calles mañana, y se opondrán al dominio político-empresarial que ha desgastado la economía popular y nacional. En este ensayo de sólo 24 horas, veremos las posibilidades reales de que el movimiento se compacte en contra del neoliberalismo y de que puedan lograr una huelga nacional permanente en el futuro, y que puedan de esta forma, presionar realmente a quienes gobiernan al país: el Prian y el empresariado.
Cuando el ejecutivo federal, a través del secretario del trabajo Lozano Alarcón, decidió la desaparición de la paraestatal de energía eléctrica Luz y Fuerza del Centro, en lugar de seguir las instancias legales instruidas por la ley, optaron por el uso de la policía militar, que fue renombrada como Policía Federal (PF, antes Policía Federal Preventiva), y que a pesar del cambio de nombre, es la misma policía que ha sido usada para reprimir a la oposición izquierdista desde el final del sexenio de Zedillo, cuando se creó a partir de soldados del ejército mexicano, quienes contra su voluntad fueron cambiados a la naciente corporación policíaca.
Desde la huelga de la UNAM -movimiento que nació en contra de las cuotas que intentaban privatizar de facto y alejar del pueblo a la máxima casa de estudios del país- se estrenó esta nueva policía. El 6 de febrero del 2000, la PFP tomó nuestra Universidad, la sitió, la registró y arrestó a todos los estudiantes que se encontraban en ella. Lo anterior generó una reminiscencia de lo que había sucedido 32 años antes cuando el ejército tomó las mismas instalaciones y el politécnico, en contra también de un movimiento huelguista estudiantil.
Después de la UNAM, la PFP fue usada contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de Atenco, contra los obreros mineros de SICARTSA en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De la misma forma, los federales reprimieron a la APPO en Oaxaca hace tres años a costa de salvar el puesto del asesino y represor Ulises Ruiz, y en muchas otras ocasiones que han sido censuradas para la mayoría al no exhibirse en horario estelar. De igual manera que en el pasado, la PF siempre con sus pistolas de alto poder, otras de balas de goma, bombas lacrimógenas (como la que mató a Alexis Benhumea en Atenco), escudos, máscaras antigás, cascos y armaduras antimotines.
Esta misma policía militar antimotines (o anti-izquierdas), tomó las instalaciones de Luz y Fuerza, con un sabadazo y madruguete que tomó por sorpresa al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a la opinión pública en general. Con este acto, el panismo daba cuenta de su poca vocación legalista y su mano dura.
Las violaciones a la constitución
La toma de LyFC violentó los artículos 14, 16, 73 y 123 de la constitución (además de generar un debate sobre los artículos 25, 26,27 y 28), ya que como menciona el Art. 14, “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Obviamente el decreto de Calderón no esperó ninguna postura de ningún tribunal o autoridad de jurisprudencia en materia laboral o de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, además de que debía haber esperado la posición del Congreso en este caso ya que el artículo 73 atribuye al congreso, en su fracción décima “Para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, (…) comercio, (…) servicios financieros, energía eléctrica y nuclear”.
Finalmente el artículo 123 defiende a los trabajadores -en este caso al SME- en contra de los despidos injustificados y la forma en la que fue desaparecida su fuente de empleo, ya que el contrato colectivo y la relación laboral no pueden ser disueltos de esta forma, sin la mediación ya sea del Tribunal o de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La batalla legal
Por lo tanto el decreto de extinción de LyFC debería ser invalidado por el poder judicial y, de hecho, la batalla legal ya empezó y el SME ha logrado un simbólico avance: el primer revés jurídico para el gobierno. Los caminos legales que la defensa del SME pudiera tomar son básicamente tres: los recursos de inconstitucionalidad, anticonstitucionalidad y el juicio de amparo.
El recurso de anticonstitucionalidad es inútil de seguir, ya que al final la derecha prianista definiría su futuro en el Congreso, aunque la Asamblea Legislativa del DF ya inició el recurso, argumentando que el gobierno federal estaría actuando contra la población del DF al extinguir una empresa pública que daba servicio a la población local .
Por otra parte, el recurso de anticonstitucionalidad de la ley como nos explicó Arnaldo Córdova el domingo pasado en La Jornada, no vale la pena seguirlo ya que, debido a las contradicciones legales, “Esa fracción no tiene asidero teórico ni jurídico y, además, sólo la puede plantear una tercera parte de los órganos legislativos y la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Por lo tanto, el mejor camino es el que ya iniciaron los abogados del SME, una de las más importantes aportaciones mexicanas al derecho internacional como es el Amparo, institución propuesta por los mexicanos Mariano Otero y Manuel Crecencio Rejón a mediados del siglo XIX para defender a las personas físicas o morales de cualquier anomalía en la ley o abuso de poder proveniente de las autoridades mexicanas.
El juicio de amparo promovido por la defensa del SME entre quienes se encuentran Néstor y Carlos de Buen, así como Raúl Carrancá, logró una primera victoria cuando la juez Guillermina Coutiño Mata concedió el amparo contra la extinción de LyFC y contra el final de la relación SME-LyFC dando la suspensión definitiva.
De igual forma, el fallo implica que la JFCA deberá esperar a que la juez Coutiño decida sobre la supuesta inconstitucionalidad del decreto presidencial, con lo cual incluso la liquidación de la empresa se cancela hasta que se resuelva el fondo del amparo.
Ahora, en espera de la solución de fondo del amparo, “autoridades jurídicas” del gobierno de Calderón interpusieron un recurso de revisión de la suspensión definitiva concedida por el amparo de la juez Coutiño. La revisión será turnada al cuarto tribunal colegiado laboral, que la semana pasada ya le había dado la razón a Coutiño con la suspensión provisional, por lo que parece que el tribunal ratificará la protección definitiva.
A pesar de las victorias previas, el secretario del desempleo (porro de vocación) Lozano Alarcón, insiste en dejar sin trabajo a los más de 40mil agremiados del SME, los amenaza para no seguir en la lucha legal ni política, los apremia a ir por su liquidación, los invita -ahora si- a que rápidamente asistan para ser recontratados por CFE, y de forma profética prevé que la decisión legal ya está tomada y que perjudicará al sindicato. ¿Amenaza o arreglo en lo oscurito? Sea lo que sea, Lozano sigue mostrando su desprecio por la ley y su gusto por el autoritarismo.
La batalla política
La batalla política la están dando las cabezas visibles del gobierno como han sido la secretaria de energía, el mismo Lozano Alarcón, y el inquilino de Los Pinos. En conjunto, su práctica en común es la masiva desinformación con la que las autoridades pretenden engañar a la población en horario estelar, con campañas mediáticas costosas, argumentando que el déficit de la empresa afectaba al erario público, que los altos cobros de la luz y los números rojos de la paraestatal son responsabilidad del sindicato, que la mayoría de los trabajadores ya se liquidaron, que el gobierno ofrece capacitación y apoyo para encontrar trabajo, etc. Afortunadamente, las (malas) ideas se les acabaron a los sujetos en cuestión, y además de que todas las anteriores son argumentaciones mentirosas, ahora el balón está en la cancha del SME, la clase trabajadora solidaria y los campesinos, estudiantes y académicos que se han unido a la causa.
Esto nos lleva al otro actor político que se ha ido constituyendo lentamente, el cual no puede explicarse sin la historia del SME, que ha sido el único sindicato democrático del país (sumido entre los Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo, La Güera Rodríguez Alcaine, etc.), además de ser de los pocos independientes y de izquierda.
Además de lo anterior, el SME se ha solidarizado con las luchas de la izquierda mexicana y para no ir muy lejos podemos mencionar sólo algunas como el levantamiento del EZLN, la huelga de la UNAM, la campaña de AMLO, la Otra Campaña, la APPO, Atenco, etc. Por lo tanto, cuando el decreto de extinción de Luz y Fuerza se hizo público y la PF tomó las instalaciones de la paraestatal, el SME reunió una gran cantidad de solidarios (al menos 300,000) que tomaron las calles sólo cinco días después.
Las protestas en dependencias públicas, oficinas del Poder Judicial, oficinas de gobierno, etc., se verán culminadas con un intento con pocos precedentes históricos recientes, en lo que será un paro nacional cívico y una megamarcha para este miércoles 11 de noviembre. La unificación de los sindicatos, estudiantes, académicos y ciudadanos concientes contra la política fiscal, económica y social del gobierno, ha provocado una oposición política cada vez más fuerte, envalentonada y con la conciencia de que la razón la respalda.
El mismo movimiento político partidista de AMLO, los ha apoyado y han hecho un frente (sin decirlo abiertamente aún) contra el neoliberalismo. Una parte esencial del movimiento que aún se esta gestando, es que hay un entendimiento claro de que todos los sucesos recientes (liquidación de LyFC, más impuestos, recortes al gasto social, etc.) están conectados debido a una ideología que une a los partidos en el poder como son el PRI y el PAN y sus satélites, esta ideología es el neoliberalismo.
Ahora bien, además de acciones como bloquear el control de CFE sobre las instalaciones de LyFC para evitar la entrada de más esquiroles, pedir la destitución de Lozano Alarcón, hacer una asamblea general permanente en resistencia, mejorar las relaciones con la clase trabajadora, etc.; el SME y sus aliados tomarán las calles mañana, y se opondrán al dominio político-empresarial que ha desgastado la economía popular y nacional. En este ensayo de sólo 24 horas, veremos las posibilidades reales de que el movimiento se compacte en contra del neoliberalismo y de que puedan lograr una huelga nacional permanente en el futuro, y que puedan de esta forma, presionar realmente a quienes gobiernan al país: el Prian y el empresariado.
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