LyFC: el engaño como política oficial

OMAR GRANADOS

Escrutinio No. 36 | Lunes 26 de octubre de 2009.

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Marcha del SME Foto: Jaime Hernández

Indudable cómo se van apretando los hilos en esta madeja de problemas políticos, sociales y económicos en la que se ha convertido nuestro país.

Después de invalidar el liderazgo laboral de Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ejecutivo federal pretende desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) con una firma, mientras al SME constituido por casi 50 mil trabajadores, se le ofrece una indigna indemnización. Dicen los diputados oficialistas que cobran 150 mil pesos al mes, en coro con la alta burocracia, que los electricistas (que en promedio reciben 6 mil pesos mensuales) viven con demasiados lujos.

Después de asegurar que la decisión de no dar la toma de nota a Martín Esparza, no tenía un origen político, Javier Lozano y el gabinete en general esperaron el momento más descuidado de la opinión pública (esperar el momento de la calificación de México al Mundial nos demuestra la intención de esconder esta decisión de las mayorías enajenadas, sonámbulas y alcoholizadas) para tomar las instalaciones y ejercer la orden de desaparecer la paraestatal que desde hace más de cuatro décadas dio servicio en el centro del país (hay una polémica en este tema, ya que el SME tiene casi un siglo, pero diferentes fusiones de empresas crearon LyFC hace menos de medio siglo).

Por supuesto, además de la desaparición de LyFC, la filiaciones políticas del SME tienen mucho que ver con el trato recibido, ya que otros sindicatos y sus dirigencias han llevado procesos de reelección muy viciados durante el actual panismo y no habían recibido ninguna presión política por el secretario del trabajo. Elba Esther Gordillo y Romero Deschamps se reeligieron fuera de tiempo, con falta de quórum en sus asambleas y además tenían puestos en sus partidos, lo cual está prohibido al menos en el caso del SNTE.

Privatizando la energía no la compañía

Privatizadores de la energía, los panistas aplican en la energía eléctrica la misma estrategia que aplicaron en el tema petrolero: no privatizan la paraestatal, ni la desaparecen (hablando de CFE y PEMEX), en cambio, permiten e incluso crean una "libre competencia" con una serie de empresas propiedad de inversionistas muy cercanos a los gobiernos panistas y priístas y en flagrante violación a la constitución.

Entre los anteriores se encuentran Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, ex-secretarios en materia energética por parte del panismo, obvios transgresores de la ley por conflicto de interés, ya que, mientras se desempeñaban como secretarios de energía, fueron impulsando su propia empresa que busca ganancias con la infraestructura de la desaparecida LyFC.

Simultáneamente, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, quien multiplicara sus negocios e ingresos en el origen del neoliberalismo mexicano, líder de los empresarios en varias tribunas, fiel y muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, cercano a la élite panista, Carlos X. González aliado con el salinista José Córdoba Montoya buscan entrarle a la repartición del pastel.

Extraño es, quizá, el hecho de que a alguien como Córdoba Montoya no se le conozca mucho en estos días, sobre todo entre las nuevas generaciones, pero apenas hace quince o veinte años este franco-colombiano era jefe del gabinete salinista, de la misma forma que Juan Camilo Mouriño era el jefe de la oficina de la presidencia. Tanto Mouriño como Cordoba Montoya no podían ejercer como secretarios de Estado debido a su nacionalidad extranjera, por lo tanto la figura no prevista de jefatura de gabinete o “supersecretario” fue ocupada por ellos para esquivar la ley. Mouriño ejerció ilegalmente como secretario de gobernación ya que poseía un pasaporte español que lo acreditaba como ciudadano de aquel país.

Entre las muchas artimañas que se han utilizado en los gobiernos neoliberales del PRIAN, la norma indica que para privatizar una paraestatal primero debe ser mal administrada algunos lustros hasta que parezca que se hace un favor al liquidarla. Caso concreto es el trabajo sucio hecho en PEMEX, CFE y LyFC.

Si bien es cierto que la paraestatal generaba déficit creciente, el responsable de esta administración es el gobierno federal, por ningún motivo se debe culpar al sindicato del conjunto de políticas aplicadas por y para la empresa. Entre estas decisiones dañinas para Luz y Fuerza está la compra de electricidad a otras empresas (antes sólo se le compraba a CFE, ahora fusionadas, podrían abrir un hueco legal para comprar energía a privados) para sólo distribuirla posteriormente. Permitir que la empresa pague esta electricidad a mayor costo del que se puede producir e incluso vender es una de las jugarretas más desastrosas por parte del panismo gobernante. Sucede lo mismo que cuando el foxismo regaló a 27 dólares el petróleo a EEUU justo en la guerra del terror en el medio oriente, mientras el ascenso de los precios del petróleo era imparable.

Otros ejemplos de mala administración gubernamental y que no forman parte de las responsabilidades del Sindicato Mexicano de Electricistas, son las tarifas de alto consumo doméstico, la decisión de retirar subsidios y elevar el servicio medido de electricidad, así como la decisión de no invertir en renovar la infraestructura para hacer más eficiente a la empresa, son todas decisiones del gobierno federal. Aunado a lo anterior, la empresa no desarrolló nuevas tecnologías de generación de electricidad y además no cobraba el servicio a las dependencias gubernamentales y a los grandes consorcios (muchas de las fallas que existían con LyFC se daban por una falta de inversión en infraestructura). Hay también verdades a medias, como cuando el gobierno acusa al SME de corrupción por recibir electricidad como forma de pago en su contrato colectivo y por otra parte regala la electricidad a los empresarios cercanos y ellos mismos no pagan el servicio a LyFC.

Más neoliberalismo, más pobreza

Entre las muchas regulaciones y mecanismos de protección a la economía generados por el Estado a lo largo del siglo XX, uno de los más efectivos para regular las diferentes áreas de la economía es la creación de empresas paraestatales.

Dichas empresas pueden controlar los precios de cierta rama de la economía, impulsar la calificación de la mano de obra, reemplazar las importaciones con producción nacional, regular la competencia y las ganancias de los empresarios de cierto sector.

Además de los subsidios a los productores locales y los aranceles a las importaciones, las empresas estatales buscan la preservación del mercado interno, buscan la regulación del intercambio económico al ofrecer cierta mercancía o servicio a bajo costo. Esta inversión se hace pensando en aumentar la demanda (consumo interno) para mantener activa la economía local.

Si bien es importante este tipo de empresas, es más relevante aún si la empresa es parte de los negocios estratégicos de una nación como es el caso de los recursos naturales y energéticos. Por esta razón es especialmente importante la preservación de empresas como LyFC, CFE y PEMEX.

De aquí en adelante, gracias a la reforma energética del año pasado y a los reglamentos de PEMEX y CFE, hay que estar pendientes de cada contrato que las dos paraestatales emitan. Podrían estar cediendo la refinación o extracción petrolera, emitiendo contratos de riesgo, regalando el derecho de vía de los postes de luz, etcétera.

Confrontación o capitulación

Por suerte, la sociedad se ha politizado en torno al asunto: los 350 mil manifestantes que en apoyo al SME salieron a las calles en días recientes, las asambleas sindicales que se han visto sobre todo en estos últimos días, la posible unión entre los electricistas y la oposición del magisterio (la CNTE), entre muchas otras buenas señales contestan con innovación y renovada fuerza al neoliberalismo declinante mexicano.

Recupero la frase de Sergio Aguayo en su espacio del programa radiofónico de Carmen Aristegui el pasado martes 20: "confrontación o capitulación”. El SME no tiene más opción que la confrontación directa con el gobierno, si no quiere experimentar su propia capitulación paulatina. Con el típico divide y vencerás que aplica el gobierno (al llamar al SME a cobrar su finiquito y un 10% más si lo hacen rápido, a cambio de ofrecerles trabajo y asesoría para inversión) y el tradicional bloqueo construido con mentiras, ejercido por medio del oligopolio mediático, el SME está forzado a medidas radicales. Por lo tanto, en los próximos días veremos si logra o no armar una huelga nacional inédita en la política mexicana reciente y que presionaría realmente a los grupos de poder en nuestro país y mostraría mayor organización, conciencia y unidad entre la clase trabajadora.